EE.UU. respalda a Ken Salazar ante Reforma Judicial en México

El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su respaldo al embajador Ken Salazar ante las críticas generadas por sus comentarios sobre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La controversia surge en un momento de tensiones diplomáticas entre ambos países, generando preocupación tanto a nivel político como económico.

Este miércoles, Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reafirmó que Washington comparte las preocupaciones de Ken Salazar respecto a la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Según Nichols, aunque Estados Unidos respeta profundamente la soberanía de México, considera que la reforma representa un riesgo significativo para la democracia y la independencia judicial en el país. «Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas», señaló Nichols, subrayando la importancia de mantener un sistema judicial sólido y autónomo.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, publicó en la red social de X que el embajador Ken Salazar y él comparten un respeto permanente por la soberanía de México. #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/KlHK482bjh
— NMás (@nmas) August 28, 2024

Respuesta del gobierno mexicano

En su conferencia matutina, AMLO respondió a la postura estadounidense, matizando que la “pausa diplomática” sólo aplicará para la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario insinuó que la oposición estadounidense podría estar motivada por intereses económicos. Afirmó que la relación con los gobiernos sigue firme, pero la «pausa» afecta a Salazar y también al embajador canadiense, Graeme C. Clark. López Obrador enfatizó que la reforma judicial es una prioridad para su administración y que busca fortalecer el sistema legal mexicano desde dentro.

Preocupaciones internacionales y reacción del Congreso de Estados Unidos

El debate sobre la reforma judicial ha trascendido las relaciones diplomáticas, involucrando también al Congreso de Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos expresaron su preocupación por lo que consideran un intento de socavar la independencia y transparencia del Poder Judicial mexicano. Señalaron que la reforma podría contradecir compromisos asumidos en el T-MEC, afectando la confianza de los inversores en el Estado de Derecho en México. «Nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)», declararon representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Apoyo de la Cámara Americana de Comercio

The American Chamber of Commerce, el principal grupo de interés de las inversiones estadounidenses en México, respaldó la crítica de la embajada de Estados Unidos a la Reforma Judicial. La Cámara expresó su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la confianza de los inversores y la estabilidad económica del país. Según representantes de la Cámara, la elección popular de jueces podría debilitar la independencia judicial y aumentar el riesgo para las inversiones extranjeras, afectando negativamente la integración económica de México en la región. «La incertidumbre generada por estos cambios puede desalentar nuevas inversiones y perjudicar el clima de negocios en México», señaló un portavoz de la Cámara.

Morena y el proceso legislativo

A pesar de las presiones internacionales, Morena, el partido gobernante en México, ha mostrado determinación en avanzar con la reforma. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, pidió cautela, sugiriendo no aprobar la reforma por la vía rápida. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, ha tomado en cuenta esta recomendación, aunque el proyecto ya fue aprobado en comisiones tras una maratónica sesión de 10 horas. Sheinbaum enfatizó la necesidad de respetar el proceso legislativo para evitar reclamos o posibles apelaciones, buscando así una implementación más transparente y consensuada de las reformas propuestas.